El presente artículo examina cómo los presidentes progresistas de Ecuador y Bolivia durante los años 2000 y 2010 justificaron la apropiación de la Amazonía en dos conflictos ambientales emblemáticos: la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador y la disputa por la Ruta Nacional 24 en el Parque Nacional Isiboro Sécure en Bolivia, ambos acompañados por discursos sociales sobre el buen vivir. Se emplea un modelo de argumentación basado en Toulmin (1958) y Plantin (2012), en el marco del Análisis Crítico del Discurso, para analizar las argumentaciones que los dos oradores utilizaron al anunciar sus medidas políticas, consideradas como amenazas al medioambiente. Se muestra que ambos sostuvieron que sus decisiones políticas eran imprescindibles para combatir la pobreza y asegurar el desarrollo soberano de sus países, y presentaron el medioambientalismo como una concesión a los países industrializados occidentales. Aunque Correa y Morales promovieron previamente la inclusión del concepto del buen vivir en las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia, en sus discursos defienden una interpretación del buen vivir socialista-estatal, según la distinción de Cubillo-Guevara et al. (2018), es decir, un concepto hecho compatible con el neoextractivismo.
Buen vivir, Neoextractivismo, Medioambiente, Análisis Crítico del Discurso, Argumentación.
This article examines how the progressive presidents of Ecuador and Bolivia during the 2000s and 2010s justified the appropriation of the Amazon in two emblematic environmental conflicts: the Yasuní-ITT Initiative in Ecuador and the dispute over National Route 24 in the Isiboro Sécure National Park in Bolivia, both accompanied by social discourses on buen vivir (good living). An argumentation model based on Toulmin (1958) and Plantin (2012) is employed, within the framework of Critical Discourse Analysis, to analyze the arguments used by the two leaders when announcing their political measures, which were seen as environmental threats. As is shown by the analysis, both argued that their political decisions were necessary to combat poverty and ensure the sovereign development of their countries, framing environmentalism as a concession to industrialized Western countries. Although Correa and Morales had previously promoted the inclusion of the buen vivir concept in the new constitutions of Ecuador and Bolivia, in their speeches they defend a socialist-statist interpretation of buen vivir, according to the model of Cubillo-Guevara et al. (2018), which is a concept made compatible with neoextractivism.
Buen vivir, Neoextractivism, Environment, Critical Discourse Analysis, Argumentation.
Hasta la actualidad, los países industrializados avanzan hacia sus objetivos de protección climática a un ritmo demasiado lento para enfrentar el cambio climático con la urgencia necesaria. Tras un periodo de movilización y esperanza impulsado por el movimiento Fridays for Future, el pesimismo generado por las guerras a partir de 2022 ha provocado, en gran medida, un retorno a una mentalidad dependiente del carbono. Las utopías provenientes de la Amazonía, que aspiraban a superar el antropocentrismo mediante el buen vivir, se han reducido nuevamente a un discurso predominantemente activista.
Por su parte, los países de África y de la Amazonía han dejado claro que no renunciarán al desarrollo necesario para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, aun cuando este desarrollo sea, al menos en parte, dependiente del carbono (cfr. Introducción al volumen temático). La continuidad colonial no debe perpetuarse bajo políticas medioambientales que impidan a los países menos industrializados aprovechar sus recursos para avanzar en términos de empleo, salud y prosperidad. Si las y los representantes de los países industrializados buscan una mayor protección del medioambiente, deberán redoblar sus esfuerzos en sus propios territorios y agendas, ya que son las/los mayores responsables históricas/os del uso desmedido del carbono.
Este artículo mostrará que una argumentación similar se encuentra no solo en los discursos de los presidentes que promovieron el buen vivir en la política nacional, Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia), sino que ambos líderes la emplearon para justificar la apropiación, es decir, el aprovechamiento económico insustentable, de la Amazonía en dos importantes conflictos ambientales durante la década de 2010: la anulación de la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador y la promulgación de la Ruta F-24, una carretera planificada a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia.
Mientras el extractivismo masivo había sido la norma bajo los gobiernos militares y neoliberales en Latinoamérica (Lander 2014), se esperaba una política distinta de estos presidentes progresistas. En este contexto, sus discursos que buscaban justificar la apropiación de la Amazonía tuvieron que responder a las expectativas frustradas de una parte de la ciudadanía, presentando argumentos sólidos a favor de dichas decisiones políticas. Este trabajo analizará y comparará las dos estrategias discursivas utilizadas por Correa y Morales para justificar el aprovechamiento de la selva en momentos críticos en que ambos presentaron y defendieron públicamente sus decisiones.
Para Correa, ese momento crítico ocurrió el 15 de agosto de 2013, cuando en la Casa Presidencial de Quito, durante una transmisión televisiva, anunció el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT, cuyo objetivo había sido “dejar el crudo bajo tierra” en los campos Ishpingo-Tiputini-Tambococha del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, la compensación financiera prevista por la comunidad internacional no se materializó.
Morales, por su parte, pronunció su discurso el 13 de agosto de 2017, durante la promulgación de la Ley 266, que abroga la “intangibilidad” del TIPNIS, en el coliseo “La Cancha Vieja” en Trinidad, departamento de Beni, ante un público simpatizante de aproximadamente 5000 personas, también mediante transmisión televisiva. En ese acto, Morales contaba con un amplio respaldo de la población del Beni.
El análisis se centrará en las estrategias argumentativas empleadas por ambos líderes en sus respectivos contextos políticos. En consecuencia, se contextualizará el concepto del buen vivir y se presentarán los escenarios específicos de los conflictos ambientales abordados. Se empleará un modelo analítico de argumentación combinado de Toulmin (1958) y Plantin (2012) antes de proceder al análisis detallado de los discursos de Correa y Morales. Este estudio mostrará que ambos oradores sugirieron que la protección estricta de la selva, en los casos de Yasuní-ITT y TIPNIS, representaría principalmente una concesión a las potencias hegemónicas occidentales.
En Ecuador y Bolivia, los movimientos indígenas llegaron definitivamente a la escena política en 1990 con el Levantamiento del Inti Raymi y la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad (cfr. Becker 2011: 1 para Ecuador; Bedoya Monroy 2019: 36 para Bolivia). De allí, el concepto del sumak kawsay/buen vivir (Ecuador) o suma qamaña/vivir bien (Bolivia) como concepto alternativo del desarrollo despertó el interés nacional e internacional, sobre todo en la primera década del 2000 cuando fue introducido en las nuevas Constituciones de Bolivia (2006) y Ecuador (2008). Cubillo-Guevara et al. (2018: 10-11) proponen una distinción de las interpretaciones más importantes del buen vivir que utilizaremos aquí:
el buen vivir original, ideado en los años noventa en las comunidades amazónicas en cooperación con ONG y actores internacionales,
el buen vivir híbrido que surge en el momento de su institucionalización por las Asambleas Constituyentes, y tres variantes conflictivas que surgen después de su institucionalización:
el buen vivir indígena que promulgan los movimientos indígenas,
el buen vivir socialista-estatal que promulgaban los gobiernos de Correa y Morales e intelectuales simpatizantes,
el buen vivir del posdesarrollo promulgado por los movimientos sociales y ecologistas latinoamericanos/as y de los y las intelectuales simpatizantes con ello.
La idea fundamental del sumak kawsay, según la comunidad de Sarayaku (Ecuador), es la de la vida en armonía en tres aspectos: la armonía con uno mismo (la dimensión cultural de la identidad), la armonía con la comunidad (la dimensión social de la igualdad y justicia) y la armonía con la naturaleza (la dimensión medioambiental de la sostenibilidad) (Cubillo-Guevara et al. 2018: 12). Llegó a ser un término clave de la movilización política indígena por albergar también demandas de superar la colonialidad y alcanzar la justicia social hacia los grupos indígenas, p. ej. mediante el reconocimiento de territorios indígenas y autonomías (cfr. Fatheuer 2011: 15).
Hacia la segunda mitad de los años 2000, en Ecuador y Bolivia paralelamente, se iniciaron las colaboraciones, ya algo problemáticas, entre los movimientos indígenas y los partidos progresistas Alianza País en Ecuador, y el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, y sus candidatos a la presidencia respectivos, Rafael Correa y Evo Morales (Becker 2011: 111, para Ecuador; Cordero 2010 y Fatheuer 2011: 28-29, para Bolivia). En las Asambleas Constituyentes que instauraron los gobiernos de Correa y Morales, el concepto del buen vivir se extendió, bajo la influencia de actores/as sociales e intelectuales por un lado y de políticos/as progresistas por el otro, llevando –supuestamente de común acuerdo– a la mitigación del buen vivir original idiosincrático. El buen vivir híbrido que surgió era un concepto confuso o “vacío”, ya que integraba tanto el desarrollo convencional y neoextractivista (cfr. Burchardt y Peters 2017: 33) como ideas del sumak kawsay original (Cubillo-Guevara et al. 2018: 13-14). Las nuevas constituciones reconocen el derecho indígena al territorio y a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas como requisito para el aprovechamiento de sus territorios (República de Bolivia 2009: art. 30.II.15; República del Ecuador 2008: art. 57.7). En la Constitución ecuatoriana, se reconoce la naturaleza como sujeto legal con derechos propios a la protección y restauración (República del Ecuador 2008: arts. 71-72).
Los resultados que elaboraron las Asambleas desilusionaron a muchos/as actores/as indígenas por rechazar demás medidas importantes en la protección de culturas y territorios indígenas (Schavelzon 2015: 42-44). En consecuencia, la CONAIE le retiró el apoyo a Correa apenas fue aprobada la Constitución, y se volvió una fuerza opositora que seguiría luchando por los intereses indígenas durante toda la presidencia de Correa. La CIDOB retiró su apoyo a Morales solo después del proceso constituyente, en 2009, criticando las primeras leyes postconstituyentes (Schavelzon 2015: 41). David Cortez (2017: 212-214) constata que después del proceso constituyente, los/las responsables políticos/as en Ecuador diluyeron deliberadamente el significado del buen vivir para adaptarlo al modelo del neoextractivismo y del desarrollo clásico, produciendo el buen vivir socialista-estatal.
Las líneas de conflicto entre el buen vivir “indígena” y “posdesarrollista” por un lado y el “socialista-estatal” por el otro se notarían durante toda la presidencia de Correa (2007-2017) y Morales (2006-2019), con los movimientos sociales criticando las medidas políticas bajo el sello del buen vivir y los y las representantes estatales justificando las medidas políticas y difamando a los movimientos sociales. Correa y el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera hablaron pronto de “ecologismo infantil“, “indigenismo“ y “peligro de izquierdismo“ (Schavelzon 2015: 44), también surgió el término peyorativo “pachamamismo” (Agosto 2014). Por otro lado, desde la sociedad civil surgieron protestas continuas al igual que nuevas instituciones propias como el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. La problemática predominante en los enfrentamientos continuos entre los gobiernos y los movimientos indígenas era y sigue siendo la protección de áreas naturales y con población indígena, como son el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia y el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, cuyos casos se tratarán a continuación.
El Yasuní es el área protegida más grande en el territorio nacional del Ecuador y ha sido Parque Nacional desde 1979 (Andrade Mendoza 2009: 1), en el cual conviven las etnias indígenas Tagaeri y Taromenane, y las que viven en aislamiento voluntario: Kichwa, Waorani y Shuar.
En 1964, Ecuador emprendió la explotación petrolera del Oriente amazónico del país, contratando a una filial de la empresa estadounidense Texaco (Polanco Lazo y Mella 2018: 57). A pesar de premisas legales de protección del ambiente, la regulación efectiva de las consecuencias ambientales que causaba la actividad empresarial –contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, salinización de ríos, etc.– era prácticamente inexistente (Polanco Lazo y Mella 2018: 57-58). En el año 1992, Texaco terminó su actividad petrolera en el Yasuní sin compensar ni los daños en el medio ambiente ni a las personas afectadas. Un conjunto de comunidades del Yasuní impuso una demanda contra la empresa ante el Tribunal Federal de Nueva York en 1993, representando a 30000 personas de ochenta comunidades amazónicas, incluyendo a cinco nacionalidades indígenas. En 2012, Texaco fue declarado culpable por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos (Nueva Loja) y fue condenado a pagar indemnizaciones de 9.500.000 USD (Polanco Lazo y Mella 2018: 58-60). En el momento de la madrugada del cambio de gobierno y de Constitución en 2007, operaban en el Yasuní y el Territorio Waorani varias empresas multinacionales –Andes Petroleum, Repsol-YPF, Petrobras y Perenco– lado al lado con la estatal Petroecuador (Narváez 2015: 33).
Como afirma Acosta, la propuesta general de moratoria “fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil, desde mucho tiempo atrás [y] no tiene gerente-propietario alguno“ (Acosta 2010: 19). Dos momentos en los cuales se cristalizó la idea fueron el libro El Ecuador Post-petrolero del año 2000 y la articulación de la idea ante el Ministerio del Ambiente en 2003 por las fundaciones Pachamama, Centro de Derechos Económicos y Sociales y Acción Ecológica. La propuesta concreta de no explotar justamente las reservas del Yasuní surgió en un documento de posición del año 2005 y luego en el libro Asalto al paraíso (2006) de la ONG Oilwatch. En el clima de crecientes luchas de varios sectores de la sociedad civil, Correa y su partido Alianza País decidieron incluir la idea de moratoria en el Yasuní-ITT en su plan de gobierno para la campaña electoral del 2007 (Acosta 2010: 20).
La Iniciativa Yasuní ITT propuso que se renunciara completamente a la extracción petrolera en los bloques ITT del Yasuní y que se creara un fondo monetario para reunir las contribuciones financieras de la comunidad internacional –sobre todo los países “ricos” y “desarrollados”– que entregaría al menos la mitad de las ganancias prospectivas que produciría la explotación petrolera, calculada en ese entonces en siete mil millones de dólares (Schavelzon 2015: 66). Así que, como subraya Ruales Jurado (2015: 63), la propuesta política de moratoria dependía desde el principio de la condición económica de reunir fondos suficientes, y la posibilidad de volver al modelo extractivista en el caso del Yasuní-ITT estaba presente en todo momento del proceso de la iniciativa. El Consejo Administrativo y Directivo de la Iniciativa, que casi no invitó a dirigentes indígenas, vio numerosos cambios de personal que influenciaron en el desarrollo de una propuesta concreta. La propuesta final tomó la forma de crear un fideicomiso en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Anzieta Reyes 2013: 75-76). Posiblemente por preocupaciones de que se debilitara la soberanía ecuatoriana en la iniciativa, Correa, de repente, renunció a la firma para el fideicomiso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2009, lo que provocó según Acosta (2010: 21) “la caída de la credibilidad en la Iniciativa“. Este momento llevó a que la ciudadanía se pronunciara decididamente a favor de la Iniciativa, mientras que con Ivonne Baki, el Consejo recibió una nueva presidenta con fuertes afiliaciones a la industria petrolera (Acosta 2010: 22).
En un artículo del 24 de enero de 2010, el periódico ecuatoriano El Universo reportó preparaciones de infraestructura para la actividad petrolera en el área ITT, un hecho observado por habitantes de la zona y evidenciado también en documentos internos entre el gobierno y Petroecuador. Esto mientras la Iniciativa estaba buscando contribuciones financieras para la moratoria en los países del mundo, de manera que el autor opinó que la extracción, en realidad, había sido el “Plan A“ (El Universo 24/01/2010). Correa anunció la suspensión de la Iniciativa en 2013, en un momento en que los grupos ambientalistas ya estaban sospechando el inicio de la actividad extractivista (Schavelzon 2015: 67). En 2014 se dio a conocer que el gobierno correísta había negociado un trato con el Banco de Desarrollo de China para extraer petróleo en el Yasuní ITT ya desde 2009, cuando la Iniciativa estaba todavía en plena marcha (The Guardian 2014; Ministerio de Coordinación de la Política Económica s. a.).
Al ver abandonada la Iniciativa por el gobierno de Correa, la fundación Yasunidos inició una campaña de recolección de firmas entre octubre de 2013 y abril de 2014, exigiendo que se convocara una consulta popular en cuanto a la moratoria en el Yasuní ITT (Paredes Almeida 2016: 61). A lo largo del proceso, Yasunidos se vieron confrontados/as a una iniciativa de recolección de firmas en favor de la extracción condicionada en el Yasuní. Esta contra-iniciativa plagió el diseño de los formularios de Yasunidos para las firmas, lo que pareció una campaña para “confundir a la gente“ y así debilitar la acción de Yasunidos (Paredes Almeida 2016: 75-87). Durante los últimos años del gobierno de Correa, la actividad petrolera en el Yasuní se realizaba al interior del Parque Yasuní al igual que dentro de territorios indígenas. De los seis bloques petroleros existentes, el 14, 16, 17 y 31 eran gestionados por empresas privadas y el 15 tanto como los campos ITT eran operados por Petroecuador (Lara 2015: 176). No obstante, las luchas por el Yasuní han continuado hasta la actualidad y en agosto de 2023 celebraron un éxito importante, cuando la ciudadanía “votó por parar la explotación” en la Amazonía en un referéndum nacional (Rosero 21/08/2023).
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) está ubicado en el centro de Bolivia, en los departamentos del Beni y Cochabamba, y fue declarado Parque Nacional en 1965 y reconocido como territorio indígena en 1990 (Hoffmann Barrientos 2017: 1).
A partir del año 1977, el TIPNIS vivió la llegada de migrantes de otras zonas rurales de Bolivia que se asentaron para cultivar hoja de coca. El “Área Colonizada“ del TIPNIS o “Polígono Siete“ fue creciendo, albergando a aproximadamente 10000 habitantes en 2012. De ellas/os, cerca de un cuarto están afiliadas/os a la Federación Especial Agraria del Trópico de Cochabamba (Hoffmann Barrientos 2017: 1). A nivel ecológico, estos asentamientos empujaron la frontera agrícola y la deforestación en favor de monocultivos de la hoja de coca, sobre todo en el Polígono Siete donde la deforestación es ocho veces más alta que en otras zonas. Se supone que el TIPNIS perdió 46000 hectáreas de bosque entre 2000 y 2014, también debido a la actividad de madereros ilegales (Tribunal Internacional 2019: C.1, art. 27-30). A nivel social y cultural, las comunidades indígenas sufrieron violencia directa y presión social por parte de los colonos, mientras varias familias indígenas también empezaron a participar en la producción y se sumaron al sindicato de la hoja de coca (Barroso Mendizábal 2012: 115; Paz 2011).
Actualmente, el TIPNIS está cogestionado por la Sub-central de Pueblos Indígenas del Isiboro-Sécure, que está conformado por sesenta y nueve comunidades indígenas, y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP). En 2002, las y los cogestionadoras/es elaboraron un Plan de Manejo, según el cual se pueden distinguir tres zonas dentro del TIPNIS: 1) La Zona Núcleo, más biodiversa y frágil, hogar de especies de plantas y animales amenazados, 2) la Zona de Manejo Tradicional, donde está permitida la intervención humana mínima, es decir la actividad económica tradicional de los grupos indígenas, como la caza, la pesca y la recolección, y 3) la Zona de Aprovechamiento de Recursos Naturales, donde se permite a las comunidades “aprovechar los recursos con fines comerciales“, asegurando la sostenibilidad definida en los Planes de Manejo (Tribunal Internacional 2019: C.1, art. 21-22).
En 1985, se abordó la idea de construir una carretera que conectara las ciudades de Cochabamba y Trinidad, pasando, justamente, por la zona núcleo del TIPNIS al conectar las ciudades Villa Tunari y San Ignacio de Moxos ubicadas en cercanía al Parque. La idea se reforzó en los años 2000 entre los gobiernos de Morales y Lula da Silva (Brasil) que planificaban cooperar por una mayor integración interoceánica. En 2003, el gobierno boliviano agregó a la red fundamental de carreteras este mismo tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, y en 2006 declaró que el Estudio y Diseño Final de la carretera tanto como su construcción fueran prioridades en la política nacional y departamental (Barroso Mendizábal 2012: 116). Al respecto, existen indicios de que el gobierno haya intentado ocultar las dificultades legales de la construcción, p. ej. mediante la tripartición del tramo original, entre Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, en tres tramos. Esta tripartición controversial permitía empujar la construcción primero en los tramos I y III en el sur y el norte del TIPNIS y posponer la construcción del tramo II por la Zona Núcleo (cfr. Tribunal Internacional 2019: C.2, art. 35-38). La construcción de los tramos I y III se inició antes de que se hubiera realizado la evaluación ambiental del tramo II más crítico (cfr. Tribunal Internacional 2019: C.2, art. 38; CEDIB 13/04/2012). Además, destaca que el trazo de la ruta por el TIPNIS deja sin conexión a 64 comunidades (Página Siete 13/08/2017).
En 2011, la Octava Marcha de Indígenas de Tierras Bajas de Trinidad a La Paz logró la instauración legal de la “intangibilidad” del TIPNIS (Ley 180) (Schavelzon 2015: 56). Como respuesta, emergió otra marcha de cocaleras/os del TIPNIS en defensa de la producción de hoja de coca, quienes pidieron al gobierno realizar la Ruta F-24. Así, lograron una ley a favor de una consulta a las comunidades que pudiera posiblemente llevar a la revisión de la intangibilidad establecida anteriormente (Ley 222) (Schavelzon 2015: 56-57). La Novena Marcha indígena de 2012 no fue recibida por el gobierno (Tribunal Internacional 2019: C.3, art. 46). En 2013, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que en la consulta sobre la intangibilidad del TIPNIS, las cincuenta y ocho comunidades locales consultadas habrían rechazado la intangibilidad con un 82% y aprobado la construcción de la carretera con un 80%. Debido a varias denuncias por parte de comunidades indígenas que reportaron violaciones del proceso de la consulta previa, libre e informada, la Subcentral TIPNIS solicitó a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) la revisión y verificación de la consulta (FIDH 2013: 6-7). Según la revisión, de 36 comunidades visitadas solo 19 reportaron haber sido consultadas por las brigadas estatales y que 16 comunidades habían rechazado las brigadas. Treinta comunidades rechazaron la construcción de la carretera, tres la aceptaron bajo condiciones que aseguraban la sostenibilidad y la calidad de vida de los/las habitantes, y tres la aceptaron (FIDH 2013: 13-15).
En 2015, el gobierno anunció la ampliación del tramo III, desde Monte Grande a San Ignacio de Moxos, que lo extendía hasta Santo Domingo al interior del TIPNIS, sin presentar nuevamente los informes necesarios. En 2016, fue completado el tramo I, desde Villa Tunari a Isinuta. Después de un cambio de varias/os lideresas y líderes del TIPNIS, el gobierno abrogó la ley 180 en 2017 (Tribunal Internacional 2019: C.2, art. 39-41; C.3, art. 50). Más adelante en el mismo año, Morales promulgó la ley 266 que cancela la intangibilidad del TIPNIS y permite la explotación económica y, por consecuencia, la finalización de la carretera en la Zona Núcleo.
A finales de 2017, un grupo de representantes de movimientos sociales se dirigieron al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (2019: B, art. 7-8), cuya comisión visitó el TIPNIS en 2018. En su sentencia final de 2019, constató que el Estado boliviano había “violado los Derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra“ (2019: E, art. 84, 90). Según parece, el proyecto de la Ruta F-24 sigue incompleto hasta la actualidad por falta de financiamiento y con ello, siguen las controversias y luchas políticas contrarias (Gutiérrez 10/07/2022; Cauthin 15/03/2023).
Es una característica de los discursos políticos que se pronuncian en contextos ritualizados que asignan a las y los locutoras/es un derecho privilegiado de expresión y una difusión y recepción mayor en comparación a muchos otros enunciados. Ya que de sus enunciados depende en gran medida su reputación política, los y las oradores/as políticos/as siempre buscarán alcanzar el mayor efecto a su favor y en detrimento de sus oponentes políticos/as. En estudios anteriores, el lenguaje político se ha clasificado como “obscurantist and euphemistic” (Wilson 2001: 401).
Especialmente en los contextos que enmarcaron los discursos en cuestión, la necesidad de “oscurecimiento” y de “eufemismo” resulta obvio, visto que en ambos casos muchas/as actoras/es sociales se habían opuesto a las decisiones finales de Correa y Morales durante años. Nos encontramos ante dos discursos políticos de justificación de la propia agenda en el momento de llevarla a cabo ya, lo cual requiere una metodología en el marco del Análisis Crítico del Discurso que busca exponer las desigualdades sociales reflejadas en los textos (p. ej. Van Dijk 2001). Debido al espacio limitado, nos enfocaremos en las argumentaciones presentadas por Correa y Morales, las cuales se analizarán con base en Toulmin ([1958] 2003) y Plantin (2012) desde una mirada crítica.
A primera vista, los discursos de Correa y Morales son monólogos argumentativos, no obstante, se produjeron “en un contexto de debate orientado por un problema“, lo que apunta a la concepción de la argumentación desde una perspectiva dialogal (Plantin 2012: 39).
Según Plantin (2012), tres tipos de actores/as participan en una argumentación: el/la proponente, el/la oponente y una tercera parte facultativa. El o la proponente es la persona que plantea una proposición en forma de un enunciado que pueda ser o no sostenido y compartido por las y los demás actoras/es. El o la oponente es la persona que reacciona a la proposición planteada con duda o rechazo. Solo a partir de formulado algún tipo de oposición a la proposición se puede hablar de una situación argumentativa que conlleva un problema central sobre el cual existe desacuerdo de dos partidos y a cuyo respecto los dos partidos empiezan a presentar sus argumentos, refiriéndose recíprocamente a los argumentos adversarios en una cadena de debate (Plantin 2012: 33-37). La tercera parte interesada no participa activamente en este debate argumentativo, pero puede jugar un papel importante si existe algún interés de los partidos activos de imprimirle su propio punto de vista (cfr. Plantin 2012: 43). Este es el caso en la política representativa, donde la opinión de las y los ciudadanas/os influye en el poder político de partidos mediante las elecciones.
Plantin también recurre al modelo de Toulmin de 1958, quien distingue seis componentes interrelacionados de la argumentación. Aquí, se sigue la traducción de los términos propuesta por Rodríguez Bello (2004: 6). Los Datos son los hechos “objetivos”, es decir altamente compartidos intersubjetivamente, empleados como base argumentativa. La Aserción es la afirmación planteada por la persona que argumenta, la cual es mucho menos compartida intersubjetivamente y, por ende, se quiere demostrar mediante los argumentos. La Garantía1 es la lógica –por lo general, implícita– que lleva de los Datos a la Aserción. El Cualificador modal es la afirmación de la probabilidad de la Aserción, contra el cual pueden suscitarse Reservas que limiten la pertinencia de la Aserción (“Vale la Aserción, a menos que [Reserva]”). El Respaldo denomina los demás indicios empleados para demostrar que la Garantía y la Aserción que se deriva de ella son legítimas, como pueden ser decretos oficiales, enunciados de autoridades, etc. que se citan en favor de la argumentación.
Cabe añadir que las argumentaciones multifacéticas como son los discursos políticos en cuestión, consisten en “cadenas“ de diferentes pasos argumentativos, como se puede visualizar de esta manera:
DatoA –(GarantíaA) —> AserciónA=DatoB –(GarantíaB) —> AserciónB=DatoC |
De una forma similar, pueden existir Reservas en los niveles diferentes de la cadena argumentativa (aquí: ReservaA y ReservaB) que “amenazan“ la Aserción final en diferentes puntos de la argumentación.
Si combinamos las nociones del modelo dialogal de Plantin con el esquema de Toulmin, resulta que las Reservas representan este componente de la argumentación que refleja la posición del partido opositor. Reconocer esta relación es útil, ya que los discursos aquí analizados propagan, a veces extensamente, ciertas Refutaciones a los argumentos opositores (=Reservas). El modelo nos permite reconstruir las Reservas y, consecuentemente, contextualizar con claridad las Refutaciones de los oradores, de manera que se extiende el modelo toulmino:
La Refutación, a su vez, sería un componente de la argumentación principal que representa la Aserción de una argumentación subordinada o previa, lo cual se puede resumir por este esquema: DatoX –(GarantíaX) —> AserciónX = RefutaciónY
De la práctica, sabemos que las Refutaciones a menudo no contienen contrargumentos bien fundamentados, sino difamaciones de tipo ad hominem para debilitar la reputación del adversario político (cfr. Plantin 2012: 139-144).
Como comentarios preliminares, cabe mencionar que los discursos de Correa y Morales son muy diferentes en cuanto al estilo oratorio. Correa presenta –posiblemente desde un teleprompter– un discurso tradicional, estructurado según los criterios clásicos de la “buena retórica” (cfr. Arnoux y Di Stefano 2017: 11-14), mientras que Morales presenta un discurso más suelto, desordenado y “popular” apoyándose en algunas anotaciones en papel.
Correa moviliza una mayor variedad de argumentaciones diferentes, inclusive argumentaciones numéricas y tecnológicas. Morales, en cambio, se apoya en gran medida en la caracterización estereotipada de actoras/es sociales: En el ámbito de actoras/es sociales identifica dos grupos (estereotipados) centrales: 1) el Imperio, un imaginario de los países occidentales como actor unificado, potente, violento y voraz, que en toda su relación neocolonial con Bolivia solo busca enriquecerse y mantener a Bolivia en estado de sirviente, y 2) el pueblo boliviano, inocente y digno de superar finalmente la hegemonía externa para vivir en soberanía y prosperidad. El imaginario específico de esta relación desigual domina todo el discurso.
En lo siguiente, se presentará primero la línea argumentativa central, después las dos Refutaciones más importantes y, por último, las menciones de la legalidad.
Tanto Correa como Morales dieron sus discursos para justificar una decisión controversial acerca de la apropiación económica de la selva, empujada por sus gobiernos, en los cuales presentaron una argumentación central a favor de su posición y varias Refutaciones en contra de posiciones adversarias. Primero, se ha de constatar que la estructura argumentativa central es similar en ambos casos. En lo siguiente, se explicitarán los diferentes pasos argumentativos –cada uno con sus Datos, Garantías y Aserciones– que conforman la cadena completa de la argumentación central.
Paso argumentativo 1
Como Datos fundamentales se presentan las graves desigualdades sociales que afectan a la población nacional y como lógica basal explícita (o Garantía) se recurre a los imperativos de valores éticos sociales altamente compartidos. Con ello, los oradores llegan a la primera Aserción intermedia de formular objetivos políticos que representen dichos valores en la práctica.
Correa presenta, en este primer paso, el Dato de la ‘grave y duradera pobreza’ existente en Ecuador, p. ej.: “Se están produciendo muertes que son verdaderos crímenes en el siglo XXI, por dengue, por amebiasis, por desnutrición, insisto, patologías de la miseria“ (C89). La Garantía se basa en el imperativo moral de fomentar la dignidad y los derechos humanos: “la miseria –el mayor insulto a la dignidad humana–“ (C34), “El mayor atentado a los derechos humanos es la miseria […]“ (C93). Así, llega a la Aserción intermedia de que ‘El Estado debe proveer los servicios básicos para combatir la pobreza en Ecuador’, p. ej.: “tenemos que vencer la pobreza, tenemos que construir hospitales, adecuadas escuelas, vivienda, energía, lograr que cada territorio tenga los servicios públicos indispensables” (C26).
En Morales, el primer paso argumentativo consiste en el Dato de la hegemonía mundial que afecta a Bolivia, aunque la conceptualiza en términos acusatorios del ‘Imperio y sus aliados que quieren mantener a Bolivia en un estado inferior’: “estas ONG, no puedo entender que sean el mejor instrumento de los países desarrollados para que nosotros nunca nos levantemos, nunca nos desarrollemos“ (M29). La Garantía se basa en los valores del “derecho a la vida digna” (M72) y de la libertad de la hegemonía exterior, lo que lleva a la Aserción intermedia de que ‘Bolivia debe buscar su desarrollo soberano’: “aquí está en juego cómo resolver nosotros mismos los problemas de carácter económico-social en Bolivia“ (M6).
Paso argumentativo 2
En el segundo paso, al Dato previamente establecido (=Aserción del paso 1), los objetivos políticos formulados, se suman nuevos Datos acerca de los requisitos que se necesitan para alcanzar dichos objetivos políticos. La Garantía es implícita y representa un topos antropológico general, es decir una lógica pragmática compartida entre culturas2, ‘Hay que cumplir con los requisitos de un objetivo justo’. Así, los oradores implican que es imperativo cumplir con los requisitos presentados (Aserción del paso 2).
En Correa, el Dato nuevo consiste en afirmar que ‘Se necesitan recursos financieros para proveer los servicios básicos y combatir la pobreza’: “[Ecuador ha aprobado el Plan Nacional del Buen Vivir], plan de cerca de 70 mil millones de dólares para tener en cada rincón de la Patria las OPCs, subcentros, escuelas, lo necesario desde el punto de vista de servicios del Estado“. Sobre esta base, llega a la Aserción de que ‘El Estado debe encontrar fuentes de ingreso para proveer los servicios sociales’, aunque esta no está formulada explícitamente.
En Morales, el Dato nuevo comprende la idea de que un requisito fundamental del desarrollo soberano es la integración intrarregional en Bolivia:
A mí me sorprende cuando hay nuevos caminos pavimentados en el altiplano del Valle, especialmente Nororiente boliviano, cómo los hermanos automáticamente mejoran su situación social, su situación económica, nuevas ciudades, ciudades intermedias. (M68)
La subsecuente Aserción ‘Hay que proveer la integración intraregional’ queda también explícita: “Tenemos que integrarnos“ (M67), “Ahora tenemos mayor responsabilidad con el departamento de Beni, cuando ven que respalda esa clase de política programas que permitan integrar y desarrollarse el departamento de Beni“ (M111).
Paso argumentativo 3
Al Dato previamente establecido (=Aserción del paso 2), ‘Hay que cumplir con los requisitos necesarios para el objetivo justo’, otra vez se suma un Dato nuevo que presenta una solución para alcanzarlos, pero esta solución supone una amenaza a la Amazonía. La correspondiente Garantía es, otra vez, una implícita y antropológica-pragmática que podría parafrasearse como ‘Es legítimo movilizar las soluciones que sirven a un objetivo justo’. De tal manera, los oradores alcanzan la Aserción final de que ‘La solución presentada es legítima’, aunque esta significa la explotación de la Amazonía. Es en este paso argumentativo que se crean las mayores fricciones con las y los oponentes políticas/os (Reservas) ya que aquí los oradores dan el paso de la premisa altamente compartida a la Aserción mucho más contestada.
En Correa, el Dato preestablecido ‘Se deben encontrar fuentes de ingreso para financiar los servicios básicos’ se combina con el Dato nuevo de que “La extracción en el ITT generará muchos ingresos”: “el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de 18.292 millones de dólares, […] más de 11 mil millones adicionales a lo que originalmente se estimó” (C53). Mediante la Garantía pragmática, se establece la Aserción final ‘La explotación del ITT es necesaria y legítima’: “necesitamos nuestros recursos naturales para superar lo más rápidamente la pobreza y para un desarrollo soberano” (C91), “Con ello [1.882 millones de dólares], la Amazonía podrá con holgura salir de su retraso histórico“ (C59). Como Respaldo, Correa ofrece el ejemplo de que:
el campo Pañacocha de Petroamazonas, desarrollado totalmente en nuestro gobierno, ha sacado de la miseria a las comunidades amazónicas de Playas de Cuyabeno y Pañacocha. Pronto inauguraremos las comunidades del milenio de Pañacocha y Playas de Cuyabeno, algo extraordinario que rompe esquemas. (C72-C73)
En Morales, al Dato preestablecido ‘Hay que proveer la integración intraregional’ se suma el Dato nuevo de que la Ruta F-24 es una solución para alcanzar dicha integración: “se trata de una integración de los pueblos“ (M59). Con la Garantía pragmática, Morales también llega a la Aserción de que ‘Hay que construir la Ruta F-24’ (y tomar las medidas legales correspondientes). Esta Aserción se refleja en las siguientes consideraciones legales: “acabar con esa ley [180 de intangibilidad] […] que frena el desarrollo del departamento“ (M41), “Todos sectores sociales se han unido para recibir esta promulgación de la ley [266 de abrogación de la intangibilidad] que permitirá el desarrollo del pueblo boliviano” (M86). Como Respaldo, le sirve el gran apoyo del público numeroso presente y por televisión, al cual se dirige continuamente.
En ambos discursos, las Refutaciones –reacciones a los argumentos de las y los oponentes (Reservas)– figuran con igual presencia que el hilo argumentativo principal. En lo siguiente, se presentan las Refutaciones más importantes de manera contrastiva. Se muestra cómo los oradores retratan “el medioambientalismo” no como un movimiento legítimo desde la ciudadanía nacional, sino como un movimiento exageradamente ideológico (Correa) o cómplice de los países occidentales (Morales). En ambos casos, implican que la protección más rígida de la Amazonía se ha de descartar, en tanto significa, en primer lugar, una concesión a los países industriales hegemónicos, como veremos en lo siguiente.
La Refutación ‘Ecuador/Bolivia tiene la deuda y culpa ecológica mínima’ está presente en ambos discursos para argumentar que no existirían (más) obligaciones morales y/o diplomáticas de seguir renunciando al aprovechamiento de la Amazonía en los casos Yasuní-ITT y TIPNIS.
Morales reacciona a posibles Reservas en contra de su Aserción final ‘Hay que construir la carretera’, las cuales se podrían parafrasear como: “Pero Bolivia ¿no debería ayudar a reducir las emisiones de CO2?” A ello, Morales replica con el hecho de que las emisiones de Bolivia, y otros países “del Sur”, son mínimas en comparación con las emisiones de los países industrializados:
“este calentamiento global que vive el mundo entero, que es producto de la exagerada industrialización de algunas potencias, algunos países, del consumismo“ (M10); |
“Los principales causantes del cambio climático en el mundo son los países demasiado o exageradamente industrializados“ (M12); |
“en Bolivia, se genera el 0.1% de los gases contaminantes, sin embargo, hermanas y hermanos, con sus árboles absorbe, los bolivianos limpiamos el 2% de la contaminación mundial. Esto significa que limpiamos un medio –el medioambiente al 20% de todo el mundo“ (M18–M19). |
No sorprende que Morales aplica cierto filtro político aquí, nombrando las emisiones de EE.UU., Japón, Alemania y Reino Unido.
Correa, por su parte, parece oponerse a las Reservas del tipo “¿No deberíamos buscar otras fuentes de ingreso que la extracción petrolera?” Considérese p. ej. la argumentación de Yasunidos quienes informaron que “[e]l Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 es financiado sin los ingresos petroleros de la extracción del ITT para disminuir la pobreza al 20%, bajar la desnutrición en la población infantil y mejorar los indicadores de educación” (Yasunidos 2014: 27). A ello, Correa replica argumentando que Ecuador ya se esforzó suficientemente, incluso se sacrificó demasiado, con la Iniciativa Yasuní-ITT, mencionando diferentes aspectos:
‘La Iniciativa Yasuní-ITT fue muy innovadora/visionaria’: “La propuesta pretendió despertar las conciencias del mundo y generar una nueva realidad: bajar de la retórica a los hechos, exigiendo la corresponsabilidad de la comunidad internacional.“ (C11) |
‘Ecuador estuvo dispuesto a dar la mayor contribución’: “siendo el principal contribuyente el pueblo ecuatoriano, [...] con la propuesta sacrificaba 3.600 millones de dólares en renta petrolera.“ (C6) |
‘Ecuador toleró la miseria durante varios años más para mantener la iniciativa’: “Ojalá que entiendan que esa demora significó millones de ecuatorianos sin agua potable, niños muriendo o mal creciendo por causas perfectamente evitables, centenas de miles de jóvenes sin infraestructura educativa adecuada, personas sin acceso a la salud.“ (C84) |
Junto a ello, insiste que Ecuador no tiene la culpa del fracaso de la iniciativa, sino los países industrializados que se resistieron a pagar su contribución justa al fideicomiso:
Pero que nadie se engañe: el factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la lógica del poder. Es tan simple como duro, queridos jóvenes, los países contaminadores también son los más ricos y fuertes, y si los bienes ambientales generados por otros son de libre acceso, ¿por qué habrían de pagar algo? […] Esa es la gran lucha, queridos jóvenes, un mundo donde reine la justicia y no solo la conveniencia del más fuerte. Mientras tanto, tenemos que vencer la pobreza, [etc.] (C21-26)
Aquí, usando el conector mientras tanto, Correa transmite la idea de que la lucha ambiental antihegemónica no termina con la anulación de la iniciativa, pero sí que la ciudadanía ecuatoriana debería “permitirse una pausa” para combatir urgentemente los horrores de la pobreza. Mediante las afirmaciones en este conjunto de citas, Correa refuerza las ideas de que ‘Ecuador se sacrificó demasiado, posponiendo su bienestar propio’ y ‘los países culpables quieren la contribución ecuatoriana gratis’. Con esta interpretación del fracaso de la Iniciativa Yasuní-ITT, debe parecer un sacrificio exagerado seguir con la preservación rígida de la selva, porque significaría “regalar” los bienes ambientales a la comunidad internacional y dejar de insistir en que los países potentes paguen su contribución justa. En este sentido, un medioambientalismo rígido, de preservar el ITT de todas maneras, según Correa sería en primer lugar una concesión a los países industrializados, es decir una sumisión a las reclamaciones egoístas e injustas que Correa atribuye a los países de Europa y Norteamérica.
Tanto Correa como Morales intentan descalificar a sus adversarios políticos tanto de la derecha como de la izquierda y los movimientos medioambientalistas. En esta sección nos concentramos únicamente en la difamación de la oposición izquierdista/medioambiental, ya que es esta difamación la que contribuye a justificar la apropiación de la Amazonía.
Correa ya había criticado el supuesto “peligro del izquierdismo y el ecologismo infantil” desde el 2007 (Schavelzon 2015: 44) y en contra de demandas ecológicas indígenas que serían “unas cuantas incomprensiones” y “demandas absurdas” de “dirigentes insensatos” (Vega Ugualde 2014: 33). En el discurso de anulación vuelve a llamarlos “ciertos grupos [que] tratarán de generar [violencia] en base de una vacía resistencia” (C106) y “fundamentalistas con insensatas agendas anti-todo” (C44), aquí con una clara referencia al partido Pachakutik: “alcanzaron apenas el 3% del apoyo popular en las últimas elecciones” (C44). En una falacia del hombre de paja, posiblemente intencional, Correa supone que “algunos” actores indígena-ambientalistas quieran conscientemente mantener a la población originaria en la pobreza:
Nuestros pueblos ancestrales y minorías étnicas viven en la pobreza y algunos pretenden mantenerlos en esa situación en nombre de la preservación de sus culturas, como que si la miseria –el mayor insulto a la dignidad humana– fuera parte del folclor. (C34)
En el plano argumentativo, Correa acusa a estas/os oponentes de mentir en sus contra-argumentos (Reservas) a la agenda petrolera:
Es una grosera e irresponsable mentira lo que han posicionado los grupos de siempre. Engaño en el que están muchos jóvenes de buen corazón: Yasuní o petróleo – eso no es verdad, queridos jóvenes. Jamás permitiría que el Yasuní desapareciera. Nos han engañado con un falso dilema: el todo o nada, explotar el ITT o la supervivencia del Yasuní. (C45-49)
A ello, Correa replica con un extendido argumento de la “salvación por la tecnología”, indicando que la última tecnología permitiría realizar la extracción afectando menos del 1% del Parque Yasuní, y ser país petrolero y protector del medioambiente a la vez, nombrando como Respaldo los ejemplos de Noruega y Canadá. Esta Refutación tiene un contenido dilusivo, ya que Correa se refiere al problema menor –el proceso de extracción– mientras que las Reservas de las y los oponentes podrían igualmente referirse al problema de las emisiones de CO2 que, de hecho, pueden llevar en última instancia a la desertificación de la Amazonía. Más importante, esta Refutación sirve para desacreditar a los grupos medioambientales como mentirosos, desinformados y una minoría extrema.
En Morales, la difamación de actoras/es por el medioambiente es aún más drástica y más extensa. En la dicotomía entre ‘Imperio vs. Bolivia’, Morales acusa a “algunas fundaciones, ONGs” no especificadas de ser “el mejor instrumento del Imperio, que sean mejor instrumento de quienes tanto daño hacen al medioambiente” (M8), sin mencionar personas o casos específicos. Concretamente, dice sobre las ONGs contrarias a la construcción de la Ruta F-24:
Que serían instrumento del “Imperio” para frenar la soberanía de Bolivia: “Quieren que vivamos como hace 200 o 300 años.“ (M62) “Claro, al medioambientalismo colonial, no le interesa la parte social, no le interesa que tengan agua potable, luz, al movimiento indígena.“ (M69) “ambientalistas coloniales“ (M73) |
Que solo buscarían enriquecerse: “conocemos que algunos directores de ONGs y algunas fundaciones, tienen sus casas, buenos departamentos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, hasta dos, tres casas, usando al movimiento indígena, sacar al Fondo Verde.“ (M27) “Son más instrumentos de gente que desde afuera solo piensan saquear y robar.“ (M74) |
Que se aprovecharían del movimiento indígena y de la preocupación por la ecología: “su pretexto de defender el medioambiente es como ellos se enriquecen, usando al movimiento indígena, usando la ecología.“ (M22) “Son enemigos los que no quieren estas normas, son enemigos del movimiento indígena, no quieren que se desarrollen.“ (M61) |
Que sus representantes no conocerían la situación del TIPNIS: “comprar algunos dirigentes, algunos exdirigentes, ni conocen, ya no viven en el Parque Isiboro Sécure, pero bueno es para hablar del medioambiente a los medios de comunicación.“ (M27) |
Estas numerosas y repetitivas difamaciones, sin referencia alguna a casos concretos, son difíciles de refutar, ya que Morales hace uso de un estilo vago típico también de las teorías de conspiración, grabándose en la memoria del público sin presentar evidencia. Hay que notar que la acusación de que los grupos ambientalistas desconocerían el TIPNIS, se había difundido ya desde varios años antes del 2017. Por ejemplo, unos miembros del Comité Interinstitucional de San Ignacio de Moxos habían reclamado que el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, desconocería la situación del TIPNIS, y dicha reclamación se presentó en la página web del gobierno (Ministerio de Comunicación s.a.). Se trata entonces de una serie más larga de difamación contra las ONGs posicionadas en contra de la carretera, la que Morales retoma en su discurso.
También es significativa la siguiente cita donde Morales nombra la carretera entre otros servicios básicos, pero no de la población indígena, sino de un “nosotros” no especificado, y donde la expresión “vivir bien” sirve para ridiculizar el concepto del suma qamaña porque alude solamente a la vida cómoda que, según supone, se harían las y los dirigentes de ONGs con los fondos públicos:
A ellos no les interesa que el movimiento indígena tenga escuelas, tenga hospitales, a ellos no les interesa que el movimiento indígena tenga luz o que tengamos carretera, no les interesa. Pero usan al movimiento indígena, usan la ecología para vivir bien. (M25-26)
Como subraya la expresión del “medioambientalismo colonial”, Morales insiste que “algunas ONGs” medioambientales sean en realidad agentes extranjeros del “Imperio” interesado en debilitar a Bolivia. Con este imaginario del panorama de actoras/es involucradas/os en el conflicto del TIPNIS, es aún más obvio que “el medioambientalismo”, concretamente las demandas por la protección decidida del TIPNIS, aparece aquí como una amenaza contra la soberanía boliviana. Según Morales, seguir las demandas de las ONGs ambientales sería más que nada una concesión o, justamente, sumisión a los países occidentales, porque se caería en las “falsas narrativas” de los “agentes del Imperio”, permitiéndoles de seguir “debilitando a Bolivia”.
Ambos presidentes apoyan su posición con menciones legales. Morales cita de un comunicado de la ONU que el concepto de intangibilidad no figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas ni en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y, por ende, puede ser “revisado” en base de la investigación de prioridades de las comunidades (M44-46). De allí, pasa a citar la consulta de 2013, según la cual 58 de 68 comunidades habrían “pedido acabar con la intangibilidad” (M53), consulta que fue refutada el mismo año por la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Las consideraciones legales en Correa contradicen la Constitución de 2008 en diferentes aspectos: Primero, rechaza abiertamente los derechos de la naturaleza (cfr. Cortez 2017): “el mayor error es subordinar esos derechos humanos a supuestos derechos de la naturaleza“ (C93). Segundo, trata la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas como medida meramente burocrática que no influiría significativamente en la decisión sobre la extracción: “Los trabajos en el campo Tiputini se empezarán en las próximas semanas, una vez terminada la consulta previa y los permisos ambientales respectivos“ (C69). Aquí, con el conector una vez (que) da a entender que no tiene dudas de que la consulta previa no cambiaría ni impediría la decisión por la extracción en el Yasuní-ITT. Tercero, Correa busca reinterpretar el buen vivir implicando que el bienestar de la población automáticamente llevaría al bienestar de la Pachamama:
el ser humano es parte de la naturaleza y la pobreza también atenta contra la Pachamama con la sobreexplotación de suelos, la tala indiscriminada de bosques, la contaminación de nuestros ríos por falta de servicios adecuados (C95).
Así, las menciones legales en Correa son más Refutaciones contra las Reservas legales basadas en la Constitución ecuatoriana, mientras que en Morales aparecen como Respaldo al argumento central. En ambos casos, las menciones legales sirven para silenciar las voces de grupos indígenas en lucha por la defensa de la selva: Morales pasa por alto del informe de la FIDH que contradice la versión oficial de la consulta a las comunidades del TIPNIS acerca del tema de la intangibilidad. Correa incluye difamaciones del partido Pachakutik y los movimientos indígenas y ambientales, busca reinterpretar el concepto del buen vivir de la forma socialista-estatal y contradice partes de la Constitución del 2008.
Aunque Correa y Morales fueron los presidentes que iniciaron los procesos constituyentes en Ecuador y Bolivia de redactar nuevas constituciones incluyendo el concepto del buen vivir/vivir bien, ambos perdieron el apoyo de los movimientos indígenas y medioambientales. En términos de Cubillo-Guevara et al. (2018), los presidentes representaban el buen vivir socialista-estatal, mientras los movimientos representaban mayormente el buen vivir indígena y/o posdesarrollista. En el marco de los conflictos ambientales emblemáticos del Yasuní-ITT y TIPNIS, esto significó que los presidentes al final apoyaban la apropiación de la Amazonía –la extracción y la carretera por la zona núcleo del TIPNIS respectivamente–, mientras los movimientos indígenas y medioambientales en cuestión velaban por la protección definitiva de los Parques.
En este artículo, se ha analizado cuáles fueron los argumentos de justificación que los presidentes plantearon en sus discursos para proclamar y defender sus decisiones. El análisis se realizó con base en los modelos de Toulmin ([1958] 2003) y Plantin (2012) que permitió identificar cada elemento argumentativo desde una perspectiva dialogal de la argumentación.
El análisis ha revelado que las argumentaciones centrales de ambos presidentes se asemejan en que parten de premisas altamente compartidas y terminan con Conclusiones altamente contestadas. Ambos reconocen la desigualdad social en términos de extrema pobreza (Correa) y de hegemonía mundial (Morales) y la necesidad de cambiar estas situaciones con base en los valores de la dignidad y los derechos humanos. En tres pasos argumentativos similares, deducen que la apropiación de la Amazonía es legítima porque ayudaría a combatir los problemas planteados, dejando de lado las estrategias más ecológicas para el mismo fin. Los discursos también comparten Refutaciones similares a los argumentos adversarios: (1) Ecuador y Bolivia tienen la deuda y culpa ecológica mínima, por ende, (ya) no son obligados a esforzarse más, y (2) los adversarios políticos medioambientales y/o sus argumentos no son legítimos. En la Refutación (1) de Correa y la Refutación (2) de Morales reluce la idea de que “el medioambientalismo” y la protección decidida de los Parques sea, en realidad, no un interés de la ciudadanía nacional, sino una mera concesión a los países occidentales hegemónicos.
Llama la atención cómo en los dos discursos coexisten no solo la acusación necesaria contra el consumo masivo de CO2 de los países industrializados con la justificación del propio extractivismo. También coexisten allí los argumentos ineluctables –como la necesidad de erradicar la pobreza y la deuda ecológica mínima– con argumentos cuestionables como la difamación vacía de medioambientalistas. Ante ello, es difícil llegar a una evaluación clara de los discursos y de las posturas que los dos presidentes tomaron en los dos conflictos ambientales. Pero lo cierto es que estas argumentaciones ambivalentes nos muestran cuán importante sería, también a nivel diplomático, que los países norteamericanos y europeos finalmente cumpliéramos integralmente con nuestra responsabilidad histórico-ecológica.
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