El presente artículo examina cómo los presidentes progresistas de Ecuador y Bolivia durante los años 2000 y 2010 justificaron la apropiación de la Amazonía en dos conflictos ambientales emblemáticos: la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador y la disputa por la Ruta Nacional 24 en el Parque Nacional Isiboro Sécure en Bolivia, ambos acompañados por discursos sociales sobre el buen vivir. Se emplea un modelo de argumentación basado en Toulmin (1958) y Plantin (2012), en el marco del Análisis Crítico del Discurso, para analizar las argumentaciones que los dos oradores utilizaron al anunciar sus medidas políticas, consideradas como amenazas al medioambiente. Se muestra que ambos sostuvieron que sus decisiones políticas eran imprescindibles para combatir la pobreza y asegurar el desarrollo soberano de sus países, y presentaron el medioambientalismo como una concesión a los países industrializados occidentales. Aunque Correa y Morales promovieron previamente la inclusión del concepto del buen vivir en las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia, en sus discursos defienden una interpretación del buen vivir socialista-estatal, según la distinción de Cubillo-Guevara et al. (2018), es decir, un concepto hecho compatible con el neoextractivismo.
